La vida de un adolescente de 16 años cambió drásticamente tras un accidente ocurrido durante un proyecto escolar de fundición de aluminio. Carlos Daniel Rodríguez, estudiante del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Chihuahua, sufrió una explosión que le costó la vista, dejando a su familia devastada y en busca de justicia. La madre de Carlos, Ana Cristina Sáenz Gómez, recuerda con dolor el momento en que su hijo le dijo: «Mamá, no veo nada, ya no te voy a volver a ver nunca». Este trágico incidente ha puesto de relieve la falta de supervisión y la responsabilidad de las instituciones educativas en la seguridad de sus alumnos.
El accidente ocurrió en marzo de 2024 en el ejido San Lorenzo, Buenaventura, Chihuahua. El profesor Sergio Rentería había encargado a sus alumnos un proyecto de laboratorio que consistía en fundir aluminio para crear piezas para torno. Carlos Daniel y sus compañeros, Adrián Hernández, Paulina Arredondo y Naomy Jurado, decidieron continuar el proyecto en casa, transportando un tanque de gas cortado y botes de aluminio. A pocos minutos de comenzar, ocurrió la explosión que cambió sus vidas para siempre. Carlos Daniel sufrió quemaduras severas en ambos ojos, mientras que sus compañeros resultaron con lesiones menores.
A pesar de la gravedad del accidente, el plantel escolar ofreció un seguro privado con un límite de 75 mil pesos, condicionado a que los alumnos afirmaran que el accidente había ocurrido en la escuela. Los padres de Carlos rechazaron esta oferta y optaron por llevar a su hijo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se le diagnosticó una pérdida total de visión y el riesgo de enucleación. Tras la intervención quirúrgica, los médicos confirmaron que Carlos había perdido la función del ojo izquierdo y que la visión del ojo derecho era incierta.
La falta de apoyo por parte de la institución educativa ha sido notable. Ana Cristina ha denunciado que la escuela no solo se ha desentendido de los costos de las cirugías y tratamientos, sino que también ha retirado el seguro del IMSS que Carlos necesitaba para su atención médica. «Es algo totalmente inhumano por parte del gobierno de Chihuahua», expresó Ana Cristina, quien ha tenido que mudarse a la ciudad para buscar mejores opciones de atención médica para su hijo. La familia ha enfrentado una lucha constante no solo por la salud de Carlos, sino también por la justicia que merecen tras este accidente.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) ha intervenido en el caso, emitiendo una recomendación que exige al gobierno estatal la reparación del daño al menor, así como medidas de rehabilitación y sanciones para los responsables. Esta recomendación es un paso crucial para la familia, ya que les proporciona una base legal para presentar una demanda civil contra el plantel educativo y el gobierno. Carlos Ibarra, abogado de la familia, ha señalado que buscan no solo la reparación del daño, sino también sanciones para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. «Dejamos a nuestros hijos en manos de las instituciones educativas para formarlos y no puede ser posible que ocurra esto por una negligencia y responsabilidad de la escuela», afirmó.
El abogado también ha criticado la actitud de los maestros y del colegio, quienes han tratado de minimizar el accidente, sugiriendo que fue culpa de los alumnos. Esta falta de sensibilidad hacia la situación de Carlos ha generado un profundo malestar en su familia. Ana Cristina ha expresado su angustia por la falta de apoyo médico y emocional que han recibido, y ha enfatizado que su hijo ya no podrá llevar una vida normal. La familia ha dejado atrás su hogar en el campo para buscar atención médica adecuada en la ciudad, enfrentando un futuro incierto.
La diputada morenista María Antonieta Pérez Reyes ha exigido al gobierno de Chihuahua que cumpla con las recomendaciones de la CEDH, denunciando la indiferencia de las autoridades ante la situación. Mientras tanto, Carlos Daniel se enfrenta a una nueva realidad, donde actividades que antes disfrutaba, como andar en bicicleta o manejar, ya no son posibles. La vida de este joven ha cambiado drásticamente, y su familia continúa luchando por justicia y por asegurar un futuro mejor para él. La historia de Carlos Daniel es un recordatorio de la importancia de la supervisión y la responsabilidad en las instituciones educativas, así como de la necesidad de garantizar la seguridad de los estudiantes en todos los entornos de aprendizaje.
