Nicaragua se encamina hacia una reforma legal que elimina la participación de partidos opositores en futuros comicios. El Congreso, bajo control del régimen de Daniel Ortega, votará la iniciativa a inicios de agosto. La medida no es técnica ni electoral: es política, represiva y definitiva.
¿Qué implica la reforma electoral aprobada por el Congreso de Nicaragua?
La reforma no busca mejorar el sistema electoral. Busca desaparecerlo para la oposición. Los diputados del oficialismo y el Consejo Supremo Electoral (CSE) diseñarán mecanismos para cerrar “ni un resquicio” a la competencia. Gustavo Porras, jefe del Legislativo, lo dijo sin eufemismos: se trata de impedir la “manipulación terrible de los imperios y sus lacayos”.
Esto no es retórica. Es un plan legislativo para invalidar candidaturas, descalificar partidos y anular alianzas bajo criterios arbitrarios. La reforma se basa en la figura de los “golpistas”, un término usado para criminalizar a cualquier opositor.
¿Por qué Ortega elimina las elecciones antes de que se celebren?
Ortega descartó comicios con oposición durante el acto del 47.º aniversario de la revolución sandinista. Lo hizo con una frase contundente: “Esto es lo que nunca va a volver”. No se refirió a la pobreza, la corrupción o la migración. Se refirió al pluralismo político.
El mandatario, de 80 años y en el poder desde 2007, gobierna junto a su esposa Rosario Murillo, nombrada “copresidenta”. Su estrategia ya no es ganar elecciones: es no permitir que se celebren. La reforma es la culminación de una estrategia de 17 años de desmontaje institucional.
El rol del CSE como brazo ejecutor
El Consejo Supremo Electoral (CSE) ya no es un árbitro. Es un instrumento de exclusión. Desde 2021, ha cancelado la personería jurídica de siete partidos, incluidos el PLC y el ALN. Ahora, la reforma le otorgará poderes legales para revocar registros sin recurso y definir quién es “vendepatria” o “golpista”.
¿Qué dice el marco legal internacional frente a esta reforma?
La reforma viola múltiples tratados ratificados por Nicaragua, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos garantizan el derecho a la participación política sin discriminación.
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, calificó los hechos como “erosión constante del Estado de derecho”. Su llamado no es diplomático: exige el restablecimiento inmediato del Estado de derecho, no reformas cosméticas.
Sanciones y respuestas internacionales
Estados Unidos anunció que no se quedará “de brazos cruzados”. La Unión Europea y la OEA han emitido declaraciones de condena. Pero ninguna ha activado sanciones coordinadas que afecten el flujo de recursos al régimen. Esa brecha entre discurso y acción alimenta la impunidad.
¿Cuál es el impacto económico y social de eliminar las elecciones?
La reforma no solo aniquila la democracia. Acelera la fuga de capitales, la desinversión extranjera y la migración masiva. En 2023, Nicaragua perdió el 12 % de su PIB por salida de empresas y cierre de ONGs. El Banco Mundial advierte que la exclusión política profundiza la pobreza extrema, que ya afecta al 45 % de la población.
Datos Clave
- La reforma se votará en la primera semana de agosto, tras su discusión en comisiones del CSE y la Asamblea Nacional.
- Ortega y Murillo gobiernan bajo un sistema de copresidencia no constitucional, consolidado en 2022.
- Desde 2018, más de 1.200 opositores han sido encarcelados o forzados al exilio.
- El régimen ha cancelado la personería jurídica de 7 partidos políticos desde 2021.
- La ONU documenta más de 300 casos de desapariciones forzadas desde 2018.
El fin de las elecciones no es un retroceso. Es una ruptura constitucional disfrazada de ley. Nicaragua ya no tiene un sistema electoral: tiene un mecanismo de exclusión legalizada. La reforma no regula votos. Regula quién puede existir como actor político. Y esa decisión ya está tomada.
