En México, el aborto sigue siendo un tema de gran controversia y debate, especialmente en el contexto de la salud pública y los derechos humanos. A pesar de los avances en la despenalización en algunas entidades, el aborto continúa siendo considerado un delito en la mayoría de los estados del país. Esta situación ha llevado a expertos en salud a exigir que el aborto sea tratado como un asunto de salud y no desde una perspectiva penal. La penalización del aborto no solo afecta a las mujeres que buscan este servicio, sino que también impacta a los profesionales de la salud que se ven atrapados en un marco legal confuso y restrictivo.
La situación actual del aborto en México es compleja. Aunque 25 de las 32 entidades han despenalizado el aborto bajo ciertas condiciones, el delito sigue inscrito en los códigos penales, lo que perpetúa un sistema punitivo que afecta tanto a pacientes como a médicos. Esta contradicción crea un ambiente de inseguridad jurídica que inhibe la atención médica y refuerza estigmas que pueden tener consecuencias graves en la salud de las personas gestantes. La red Salvemos Miles de Vidas México, compuesta por profesionales de la salud, ha señalado que la penalización del aborto tiene consecuencias clínicas directas, como el aumento de complicaciones derivadas de abortos inseguros y retrasos en la atención médica debido al miedo a represalias legales.
### La Desigualdad en el Acceso a Servicios de Salud
La desigualdad geográfica en el acceso a servicios de salud es un problema crítico en México. En algunas regiones, las mujeres y personas gestantes deben desplazarse cientos de kilómetros para acceder a servicios de aborto seguros, lo que es particularmente problemático en contextos de pobreza y en áreas rurales. Esta situación se agrava para las adolescentes y niñas, quienes enfrentan barreras adicionales para acceder a la atención médica que necesitan. La penalización del aborto no solo afecta a quienes buscan interrumpir un embarazo, sino que también crea un ambiente de miedo y desconfianza entre el personal médico, que puede dudar en brindar atención adecuada por temor a ser criminalizado.
La Organización Mundial de la Salud ha documentado que la criminalización del aborto no reduce su incidencia, sino que aumenta la morbilidad y mortalidad materna. Esto se debe a que la penalización empuja a muchas personas a buscar opciones inseguras fuera del sistema de salud, lo que puede resultar en complicaciones graves. Además, la criminalización limita la capacitación del personal médico y la provisión de servicios seguros y oportunos. La evidencia internacional respalda la necesidad de tratar el aborto como un servicio de salud y no como un delito, lo que podría mejorar significativamente la atención médica y la salud pública en general.
### Avances y Retos en el Marco Legal
A nivel jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional. Sin embargo, a pesar de esta declaración, la permanencia del tipo penal en los códigos locales crea un escenario de ambigüedad legal que afecta la práctica médica diaria. La falta de claridad en la legislación provoca que muchas mujeres y personas gestantes no busquen la atención que necesitan, lo que puede tener consecuencias fatales.
Las voces de profesionales de la salud son claras: el acceso al aborto seguro debe ser una realidad para todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica o situación económica. La despenalización del aborto no solo es un asunto de derechos humanos, sino que también es fundamental para garantizar la salud pública. La red Salvemos Miles de Vidas México ha hecho un llamado al Congreso de la Unión y a los congresos estatales para que eliminen el aborto de los códigos penales y cumplan con los criterios establecidos por la Suprema Corte. Solo así se podrá avanzar hacia un modelo de salud pública que garantice atención médica segura, equitativa y libre de discriminación para todas las personas.
La lucha por la despenalización del aborto en México es un reflejo de la necesidad de un cambio en la forma en que se aborda la salud reproductiva. La penalización del aborto no solo es un obstáculo para el acceso a servicios de salud, sino que también perpetúa la desigualdad y el estigma. Es fundamental que se reconozca el aborto como un derecho humano y un servicio de salud esencial, y que se tomen medidas concretas para garantizar que todas las personas tengan acceso a la atención que necesitan sin temor a represalias legales. La salud pública y los derechos humanos deben ir de la mano, y es hora de que México avance hacia un futuro donde el acceso al aborto seguro y legal sea una realidad para todos.
