La situación política en Perú ha tomado un giro inesperado con la reciente destitución de Dina Boluarte, quien se ha convertido en el centro de atención mediática tras su salida del cargo. En un pronunciamiento realizado desde su hogar en Surquillo, Lima, Boluarte ha dejado claro que no tiene intenciones de buscar asilo en el extranjero, a pesar de las especulaciones que han surgido en torno a su futuro. Esta declaración se produce en un contexto de creciente tensión política y social en el país, donde la exmandataria enfrenta múltiples acusaciones que podrían tener graves repercusiones legales.
La exjefa de Estado, quien asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo, ha sido objeto de críticas y protestas desde su llegada al poder. Durante su breve comparecencia ante los medios, Boluarte enfatizó que se encuentra tranquila y que no se siente responsable de las acusaciones que enfrenta. «No está siquiera en el más mínimo pensamiento, ni mi sentimiento patriótico, dejar el país», afirmó, reafirmando su compromiso con Perú en un momento de incertidumbre.
### Contexto de la destitución y las acusaciones
La destitución de Boluarte se produjo en un contexto de creciente descontento popular y pérdida de apoyo político. Con una aprobación que apenas alcanzaba el 3%, la exmandataria se vio obligada a enfrentar la presión de los partidos de derecha que la habían respaldado inicialmente. Su gobierno ha estado marcado por una serie de crisis, incluyendo protestas masivas que resultaron en la muerte de al menos 49 personas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, durante su mandato.
Las acusaciones en su contra son variadas y serias. La Fiscalía peruana ha abierto varias investigaciones que incluyen presunta corrupción, violaciones a los derechos humanos y el uso indebido de su cargo. Entre las denuncias más graves se encuentra la supuesta negociación incompatible y el aprovechamiento indebido de su posición para beneficiar a terceros. Además, se le investiga por un presunto lavado de dinero relacionado con el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien ha sido una figura controvertida en la política peruana.
La situación se complica aún más con la solicitud de la Fiscalía de prohibirle salir del país durante un período de hasta tres años mientras se llevan a cabo las investigaciones. Esta medida, si se aprueba, podría limitar severamente su capacidad para moverse y defenderse de las acusaciones que enfrenta.
### Reacciones y protestas
La respuesta del público a la destitución de Boluarte ha sido polarizada. Mientras que algunos sectores de la población han expresado su apoyo a la exmandataria, otros han salido a las calles para protestar en su contra. En particular, se han registrado manifestaciones frente a la Embajada de Ecuador en Lima, donde algunos ciudadanos intentaron impedir que Boluarte buscara refugio en esa sede diplomática.
Las protestas reflejan el profundo descontento que existe en el país, donde muchos ciudadanos sienten que la clase política ha fallado en abordar sus necesidades y preocupaciones. La situación actual es un reflejo de la inestabilidad política que ha caracterizado a Perú en los últimos años, con sucesivas crisis de liderazgo y un sistema político que parece estar en crisis.
Boluarte, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia de Perú, se enfrenta ahora a un futuro incierto. A medida que se desarrollan las investigaciones en su contra, la exmandataria deberá navegar un complejo panorama político y legal que podría definir su legado y su lugar en la historia del país. Su decisión de permanecer en Perú, a pesar de las adversidades, podría ser vista como un acto de valentía o como una estrategia para intentar recuperar su imagen pública y política.
La situación en Perú sigue evolucionando, y las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo que tomará el país y el papel que jugará Boluarte en este proceso. La atención internacional también está centrada en este caso, ya que las implicaciones de su destitución y las acusaciones en su contra podrían tener repercusiones más amplias en la política latinoamericana.
