La Carretera Interserrana en Nuevo León se ha convertido en un símbolo de promesas incumplidas, gasto público ineficiente y falta de transparencia técnica. El antimonumento naranja instalado por Andrés Mijes en Montemorelos no es una broma: es una señal clara de que los ciudadanos exigen cuentas por una obra que el Gobierno estatal ya admite como inconclusa.
¿Por qué la Carretera Interserrana es considerada un fracaso público?
El proyecto fue lanzado como una apuesta estratégica para conectar zonas rurales y potenciar el desarrollo económico del interior del estado. Sin embargo, tras años de anuncios, licitaciones y desembolsos, no hay tramos operativos ni cronograma realista de conclusión.
El gobierno estatal reconoció oficialmente que no podrá finalizarla con los recursos y plazos originales. Esa admisión marca un punto de inflexión: ya no se trata de retrasos, sino de imposibilidad técnica y financiera.
Falta de estudios previos y sobreprecio en contratos
Varios informes de la Auditoría Superior del Estado señalan que los estudios de factibilidad fueron superficiales. Además, al menos tres licitaciones registraron sobreprecios superiores al 35% respecto al costo estimado por especialistas independientes.
¿Cuál es el impacto económico real para Nuevo León?
La inversión comprometida supera los 3,200 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Finanzas estatal. Ese monto representa el 12% del presupuesto anual de infraestructura vial del estado.
- Se destinaron recursos que podrían haber financiado 42 kilómetros de carreteras secundarias en zonas marginadas.
- La deuda contraída para este proyecto elevó el pasivo financiero del estado en un 4.7% en 2023.
- No se generó empleo estable: el 89% de los trabajadores contratados fueron de corta duración y sin prestaciones.
¿Qué marco legal permite que esto ocurra?
La Ley de Obras Públicas de Nuevo León exige evaluación técnica previa, supervisión continua y rendición de cuentas trimestral. Pero el proyecto se ejecutó bajo un esquema de “urgencia administrativa”, que permite saltarse etapas clave bajo el argumento de “interés público”.
Ese mecanismo fue usado 17 veces en los últimos 5 años. En el 92% de los casos, las obras terminaron con retrasos superiores al 200% o fueron canceladas.
El rol de los amparos y la parálisis judicial
Mijes se refirió al “modo amparo” como una estrategia recurrente: litigios estratégicos que detienen procesos de revisión y auditoría. En este caso, tres amparos presentados por contratistas bloquearon durante 14 meses la investigación de la ASF.
¿Qué dice la ciudadanía y qué exige ahora?
La instalación del antimonumento no fue un acto aislado. Coincidió con una consulta ciudadana impulsada por colectivos locales que registró más de 18,400 firmas exigiendo transparencia total y una auditoría independiente.
Datos Clave
- El proyecto fue anunciado en 2020 con conclusión prevista para 2023.
- Hasta junio de 2024, solo se completó el 11% del trazo original.
- El gobierno estatal no ha publicado un informe técnico de causas del fracaso.
- Ningún funcionario ha sido sancionado por irregularidades detectadas.
- El costo por kilómetro construido es 3.8 veces superior al promedio nacional.
La Carretera Interserrana ya no es solo una obra inconclusa. Es un caso de estudio sobre cómo la falta de planeación técnica, la opacidad en la contratación y la debilidad de los controles legales erosionan la confianza ciudadana y el desarrollo regional. Su legado no es asfalto, sino deuda, desconfianza y oportunidades perdidas. La transformación que exigen los ciudadanos no es retórica: es rendición de cuentas, presupuestos auditables y gobiernos que prioricen resultados sobre anuncios.
