En la Ciudad de México, un grupo de jueces y magistrados cesados por la reciente Reforma Judicial se manifestaron frente al Órgano de Administración Judicial (OAJ) para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales, específicamente el pago de indemnizaciones estipuladas en la reforma. Este evento, que tuvo lugar el 29 de octubre de 2025, se enmarca en un contexto de creciente descontento entre los trabajadores del Poder Judicial, quienes han visto afectadas sus condiciones laborales tras la implementación de la reforma.
Los manifestantes bloquearon la avenida Revolución durante aproximadamente media hora, lo que generó molestias entre los conductores. Sin embargo, su protesta fue motivada por la necesidad urgente de recibir compensaciones económicas que les corresponden tras la pérdida de sus empleos. Según el Artículo 10 Transitorio de la Reforma Constitucional Judicial, aquellos magistrados y jueces que no fueron reelectos o que declinaron su candidatura tienen derecho a recibir tres meses de salario y 20 días de salario por cada año trabajado.
Fryolan Muñoz Alvarado, un magistrado con 35 años de servicio, expresó su frustración por el incumplimiento de las autoridades. «El Órgano de Administración Judicial no ha cumplido con lo dispuesto por el constituyente permanente en el artículo Décimo Transitorio del decreto de Reforma Judicial publicado el 15 de septiembre de 2024», afirmó. Este incumplimiento no solo afecta a los jueces, sino que también repercute en sus familias, muchas de las cuales dependen económicamente de ellos. En particular, las mujeres juezas que son jefas de familia enfrentan desafíos adicionales, como el cuidado de hijos y la atención a padres mayores.
La situación se complica aún más debido a la prohibición constitucional que impide a los jueces cesados ejercer su profesión durante dos años en la entidad donde fueron despedidos. Esto ha llevado a muchos de ellos a una situación de vulnerabilidad económica, ya que no pueden buscar nuevas oportunidades laborales en su campo. La manifestación fue, por tanto, un llamado a las autoridades para que cumplan con lo que se estableció en la reforma y se les otorguen las indemnizaciones que les corresponden.
Faustino Gutiérrez Pérez, un juez de distrito en retiro, también se unió a la protesta, señalando que alrededor de 800 jueces y magistrados se encuentran en una situación similar. «Hemos venido en varias ocasiones y las autoridades nos han estado dando largas. Venimos cada mes, sí hay diálogo, pero no nos sirve, porque no nos han pagado absolutamente nada», comentó. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha llevado a los manifestantes a sentirse ignorados y desprotegidos, lo que ha intensificado su determinación de luchar por sus derechos.
### La Transferencia de Recursos y su Impacto en las Indemnizaciones
Un aspecto crucial en esta problemática es la transferencia de recursos realizada por Nacional Financiera (Nafin) a la Tesorería de la Federación, que afectó directamente la capacidad del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para cubrir las indemnizaciones. En abril de 2025, Nafin transfirió más de 10 mil millones de pesos que estaban destinados a saldar indemnizaciones a los jueces cesados. Esta acción se llevó a cabo sin el consentimiento del CJF, lo que generó una controversia significativa sobre la administración de los recursos y la falta de consulta a las autoridades judiciales.
El CJF había establecido un fideicomiso para garantizar el pago de indemnizaciones a los jueces y magistrados afectados por la reforma. Sin embargo, la transferencia de estos fondos ha dejado a muchos en una situación precaria, ya que no solo se les niega el pago de sus indemnizaciones, sino que también se cuestiona la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas por las autoridades financieras. La falta de comunicación y coordinación entre las instituciones ha exacerbado la crisis, dejando a los jueces cesados en una lucha constante por sus derechos.
Los manifestantes han señalado que la situación es insostenible y que necesitan respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades. La falta de cumplimiento de las disposiciones legales no solo afecta a los individuos, sino que también tiene un impacto negativo en la confianza pública en el sistema judicial. La percepción de que los derechos laborales no son respetados puede erosionar la credibilidad de las instituciones y generar un clima de desconfianza entre los ciudadanos.
Es fundamental que las autoridades reconozcan la gravedad de la situación y actúen de manera proactiva para resolver las demandas de los jueces cesados. La implementación de mecanismos claros para el pago de indemnizaciones y la garantía de derechos laborales son pasos necesarios para restaurar la confianza en el sistema judicial y asegurar que los trabajadores del Poder Judicial sean tratados con dignidad y respeto.
La lucha de los jueces cesados por la Reforma Judicial es un reflejo de una problemática más amplia que afecta a muchos trabajadores en diversas áreas. La necesidad de un marco legal que proteja los derechos laborales y garantice la justicia en el ámbito laboral es más urgente que nunca. Las manifestaciones son un recordatorio de que la voz de los trabajadores debe ser escuchada y que sus derechos deben ser defendidos con firmeza.
