La problemática de las desapariciones forzadas en México ha alcanzado niveles alarmantes, convirtiéndose en un tema de preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Desde el año 2015, el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que existen indicios de que esta práctica es generalizada en el país. En un reciente conversatorio, expertos en derechos humanos han instado al Estado mexicano a abrirse al diálogo y a la cooperación internacional para abordar esta crisis humanitaria.
### Contexto de las Desapariciones Forzadas en México
Las desapariciones forzadas son un fenómeno que ha crecido de manera exponencial en México, donde se han registrado más de 100,000 casos desde que se comenzaron a documentar. Luciano Hazan, ex miembro del CDF, destacó que el Estado mexicano tiene la mayor cantidad de acciones urgentes ante este comité, lo que indica la gravedad de la situación. Desde 2012 hasta junio de 2025, se han solicitado 757 mecanismos para buscar y proteger a las víctimas de desapariciones, pero a pesar de estos esfuerzos, la situación ha empeorado.
El CDF ha llevado a cabo un examen del informe presentado por el Estado mexicano, concluyendo que las desapariciones forzadas son generalizadas en territorios específicos. Este hallazgo no solo es un llamado a la acción, sino que también plantea la posibilidad de que estas desapariciones sean consideradas crímenes contra la humanidad. Esto tendría repercusiones significativas en términos penales, políticos y diplomáticos, tanto para México como para la comunidad internacional.
Ximena Medellín, experta en crímenes internacionales, explicó que la desaparición forzada se refiere a cualquier forma de privación de libertad llevada a cabo por agentes del Estado o por grupos que actúan con su consentimiento. Esta definición resalta la complicidad del Estado en la perpetuación de este delito, lo que agrava aún más la crisis de derechos humanos en el país.
### La Respuesta Internacional y la Necesidad de Diálogo
La comunidad internacional ha comenzado a prestar atención a la situación de las desapariciones forzadas en México. La invocación del artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, que permite que el asunto sea llevado a la Asamblea General de la ONU, es un indicativo de que la situación ha alcanzado un punto crítico. Los expertos han enfatizado que la cooperación internacional es esencial para abordar este problema de manera efectiva.
La falta de respuesta adecuada por parte del Estado mexicano ha llevado a un aumento en la desconfianza de las familias de las víctimas y de la sociedad civil en general. La impunidad que rodea a estos casos ha creado un ambiente de desesperanza, donde las familias no solo enfrentan la pérdida de sus seres queridos, sino también la falta de justicia. Esto ha llevado a muchas organizaciones no gubernamentales y activistas a exigir una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno.
El diálogo con el CDF y otros organismos internacionales es crucial para implementar medidas efectivas que garanticen la búsqueda y localización de las víctimas. La colaboración no solo debe limitarse a la recepción de recomendaciones, sino que debe incluir un compromiso real por parte del Estado para llevar a cabo acciones concretas que aborden las causas subyacentes de las desapariciones forzadas.
Además, es fundamental que el Estado mexicano reconozca la magnitud del problema y actúe en consecuencia. Esto implica no solo la creación de políticas públicas efectivas, sino también la capacitación de las fuerzas de seguridad y la implementación de mecanismos de supervisión que aseguren que se respeten los derechos humanos en todas las operaciones de seguridad.
La situación de las desapariciones forzadas en México es un reflejo de una crisis más amplia de derechos humanos que requiere atención urgente. La colaboración con organismos internacionales como la ONU no solo es una obligación moral, sino también una necesidad para restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La comunidad internacional debe seguir presionando para que se tomen medidas efectivas y se garantice que las víctimas y sus familias reciban la justicia que merecen.
