En el corazón de Chicoloapan, Estado de México, se encuentra el albergue Ayudante al Niño, I.A.P., una institución que, a pesar de su fachada de ayuda y protección, ha sido el escenario de múltiples denuncias de abuso sexual. Con 13 carpetas de investigación abiertas por delitos que involucran a más de 25 menores, la situación en este albergue ha despertado la indignación de la sociedad y la preocupación de expertos en protección infantil. A pesar de las evidencias y las denuncias que datan desde 2021, el albergue sigue operando, lo que plantea serias preguntas sobre la responsabilidad de las autoridades y la protección de los más vulnerables.
**Denuncias Ignoradas y Abusos Sistematizados**
Desde su fundación hace 58 años, el albergue ha estado bajo la dirección de Steve Ross Earl, un estadounidense que ha sido señalado como uno de los principales responsables de los abusos. A su lado, un grupo de colaboradores, incluidos cuidadores y administradores, también enfrenta acusaciones graves. A pesar de que solo uno de ellos ha sido detenido y condenado a 12 años de prisión, el resto permanece en libertad, lo que genera un ambiente de impunidad que permite que los abusos continúen.
Olivia Paola Cuevas Pérez, ex voluntaria del albergue y especialista en protección infantil, ha sido una de las voces más críticas sobre la situación. En sus declaraciones, ha señalado que las denuncias de abuso comenzaron a acumularse en 2021, pero que desde 1992 ya existían casos conocidos que no habían sido atendidos por las autoridades. «La institución debe cerrarse, está podrida desde la raíz», afirma, enfatizando la necesidad urgente de reubicar a los menores en lugares seguros.
Las historias de las víctimas son desgarradoras. Una adolescente de 15 años, identificada como AMCE, relató cómo fue agredida sexualmente por un cuidador del albergue. Su testimonio revela no solo el horror del abuso, sino también la falta de apoyo por parte de los adultos que deberían protegerla. La psicóloga del albergue, en lugar de ofrecer ayuda, desestimó su denuncia, lo que dejó a la joven sintiéndose sola y avergonzada. Otro testimonio, el de M.R.C.E., de 16 años, describe un ataque similar, donde el agresor utilizó amenazas para silenciarla y mantenerla bajo control.
**La Complicidad de las Autoridades**
A pesar de la gravedad de las acusaciones, las autoridades locales, incluido el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), han sido criticadas por su inacción. Desde 2017, se sabía de los abusos, pero las víctimas continuaron siendo enviadas al albergue. Karina Labastida Sotelo, actual directora del DIF en el Estado de México, ha mantenido la misma política de silencio y desatención, ignorando las denuncias que claman por justicia.
La situación se complica aún más al descubrir que la Junta de Asistencia Privada, una entidad reguladora que debería supervisar el funcionamiento de instituciones como el albergue, ha actuado como cómplice. En lugar de investigar las denuncias, ha protegido a los responsables, permitiendo que el albergue siga operando a pesar de las evidencias de abuso. La coordinadora de Ministerios Públicos de la zona oriente del Estado de México, María Elena Corral Huitron, solicitó en varias ocasiones órdenes de aprehensión que nunca fueron ejecutadas, lo que pone de manifiesto la falta de voluntad política para abordar el problema.
La situación en el albergue Ayudante al Niño es un reflejo de una crisis más amplia en la protección infantil en México. La falta de acción por parte de las autoridades y la complicidad de quienes deberían proteger a los menores han permitido que estos abusos continúen. Las víctimas, que han tenido el valor de romper el silencio, enfrentan no solo el trauma de los abusos, sino también la indiferencia de un sistema que debería estar a su favor. La lucha por justicia y protección de los niños en este albergue es un llamado urgente a la acción para todos aquellos que creen en la dignidad y los derechos de los más vulnerables.
