La crisis de desapariciones en México ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 133 mil personas desaparecidas según cifras oficiales. Esta situación no solo refleja la grave problemática de la violencia en el país, sino que también pone de manifiesto una crisis forense y de investigación que obstaculiza la identificación de las víctimas y la búsqueda de justicia. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, diversas organizaciones civiles han alzado la voz para exigir atención urgente a esta problemática, resaltando el papel crucial que desempeñan las familias buscadoras y los defensores de derechos humanos en la lucha por la verdad y la justicia.
El dolor que enfrentan las familias de personas desaparecidas es indescriptible. No solo deben lidiar con la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos, sino que también enfrentan riesgos significativos en su búsqueda. Desde 2016, al menos 25 buscadoras han sido asesinadas y siete han desaparecido, lo que evidencia la peligrosidad de su labor. Además, 63 defensores de derechos humanos y periodistas han sido víctimas de desapariciones, lo que subraya la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos en el país. Las organizaciones que trabajan en esta área han señalado que las mujeres, en particular, enfrentan riesgos diferenciados, incluyendo violencia sexual y hostigamiento, lo que requiere un enfoque de género en las medidas de protección.
### La Violencia y la Impunidad en la Búsqueda de Personas Desaparecidas
Las entidades más afectadas por esta crisis incluyen Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Sonora, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas. En estas regiones, la violencia, la criminalización y la impunidad agravan aún más los riesgos que enfrentan las familias buscadoras y los defensores de derechos humanos. Las organizaciones civiles han instado al Estado mexicano a tomar medidas efectivas para abordar esta crisis, enfatizando la necesidad de garantizar que los cuerpos de las personas desaparecidas sean localizados, identificados y entregados a sus familias con dignidad.
El llamado a la acción es claro: las autoridades deben reconocer la labor de las personas buscadoras como una defensa de los derechos humanos y garantizar su seguridad. Casos como el de Sandra Domínguez, una defensora desaparecida en octubre de 2024 y encontrada sin vida meses después, y el de Irma Galindo, una activista mixteca desaparecida en 2021, son ejemplos trágicos de la violencia que enfrentan quienes buscan justicia. Estos incidentes no solo reflejan la falta de protección para quienes defienden los derechos humanos, sino que también evidencian la necesidad de un cambio estructural en la forma en que el Estado aborda la crisis de desapariciones.
### La Necesidad de un Enfoque Integral y Efectivo
Las organizaciones que forman parte de Espacio OSC han hecho un llamado urgente al gobierno para que se implemente un enfoque integral que aborde la crisis forense y de investigación. Esto incluye la creación de mecanismos efectivos para la identificación de cuerpos y la atención a las familias de las víctimas. La falta de respuestas institucionales adecuadas ha llevado a las familias a tomar la iniciativa en la búsqueda de sus seres queridos, a menudo enfrentando peligros significativos en el proceso.
Además de la violencia física, las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas también son víctimas de campañas de desprestigio, acoso judicial y criminalización. Estas tácticas están diseñadas para silenciar voces críticas y obstaculizar la defensa de los derechos humanos, lo que agrava aún más la crisis de desapariciones en el país. Las organizaciones han señalado que es fundamental que el Estado reconozca la labor de estas personas y les brinde el apoyo necesario para llevar a cabo su trabajo de manera segura.
La situación actual exige una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades, así como un compromiso real para abordar las causas subyacentes de la violencia y la impunidad en México. La identificación de personas desaparecidas no es solo una cuestión de justicia, sino también un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Las familias de las víctimas merecen respuestas, y es responsabilidad del gobierno actuar para asegurar que se haga justicia y se prevengan futuras desapariciones.
