La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, ha marcado un hito en la historia reciente de México. Este trágico evento no solo ha dejado un profundo dolor en las familias de los jóvenes, sino que también ha puesto de manifiesto las fallas del sistema de justicia y la necesidad urgente de una respuesta efectiva por parte del Estado. A medida que se cumplen 11 años de esta tragedia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al gobierno mexicano a intensificar sus esfuerzos para esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
La CIDH ha reiterado que la medida cautelar 409/14, emitida en octubre de 2014, sigue vigente. Esta medida exige al Estado mexicano que determine la suerte o paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos». A pesar de los años transcurridos, las familias continúan sin respuestas claras sobre lo que sucedió aquella noche fatídica. La CIDH ha acompañado a las familias en su búsqueda de verdad y justicia, pero el camino ha estado lleno de obstáculos y frustraciones.
Uno de los aspectos más preocupantes que ha señalado la CIDH es el posible involucramiento de diversas autoridades, incluyendo policías y militares, en la desaparición de los normalistas. En su último informe, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) advirtió sobre la complejidad del caso, sugiriendo que el crimen organizado podría estar implicado. Sin embargo, a pesar de las evidencias y testimonios, el Estado mexicano no ha logrado esclarecer las circunstancias de la desaparición, lo que ha generado un clima de desconfianza y desesperación entre las familias.
La falta de efectividad en los espacios de diálogo y la percepción de obstáculos en el acceso a la justicia han sido temas recurrentes en las manifestaciones de los padres y madres de los normalistas. Muchos han expresado su temor a que se repita la «verdad histórica», una narrativa que fue ampliamente desacreditada y que ha sido objeto de críticas por su falta de veracidad. Además, la negativa de las autoridades a entregar documentación relevante ha alimentado la frustración y el descontento entre las familias.
A pesar de estos desafíos, la CIDH ha reconocido algunos avances recientes en la búsqueda de justicia. La presidenta Claudia Sheinbaum ha retomado el diálogo con las familias, reafirmando su compromiso de esclarecer los hechos y obtener verdad y justicia. Se han anunciado nuevas líneas de investigación, resultado del trabajo coordinado entre la Fiscalía, el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia. Este enfoque colaborativo es un paso positivo hacia la resolución del caso, aunque aún queda un largo camino por recorrer.
La CIDH también ha valorado el anuncio del gobierno mexicano sobre la apertura a la participación de expertos independientes en las investigaciones. Este tipo de colaboración es crucial para garantizar la transparencia y la imparcialidad en el proceso de judicialización. Sin embargo, la Comisión ha enfatizado que cualquier cambio en la estrategia de investigación debe ir acompañado de un enfoque centrado en las víctimas, asegurando que sus voces sean escuchadas y sus derechos respetados.
En el contexto de la nueva dirección de la comisión especial del caso Ayotzinapa, liderada por Mauricio Pazarán, la CIDH ha subrayado la importancia de establecer una estrategia clara para el desarrollo de diligencias y el fortalecimiento del acervo probatorio. La celeridad en las judicializaciones y la recuperación de la centralidad de las víctimas son aspectos fundamentales para avanzar en la búsqueda de justicia. La CIDH ha instado al Estado a redoblar sus esfuerzos y a utilizar recursos adecuados para las operaciones de búsqueda, así como a continuar investigando la participación de militares en la desaparición de los normalistas.
Además, el Estado ha informado sobre los desafíos que enfrenta en materia de extradición de personas implicadas en el caso que se encuentran en el extranjero. La recolección de información a través de la negociación de beneficios procesales también ha sido un tema de discusión, y se espera que estas acciones contribuyan a esclarecer los hechos y a llevar a los responsables ante la justicia.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un recordatorio doloroso de la lucha por los derechos humanos en México. A medida que las familias continúan buscando respuestas, la presión sobre el Estado para que actúe de manera efectiva y transparente se intensifica. La CIDH ha dejado claro que la búsqueda de verdad y justicia no solo es una obligación moral, sino también un imperativo legal que debe ser cumplido por el gobierno mexicano. La comunidad internacional sigue atenta a los desarrollos en este caso, esperando que finalmente se haga justicia y se brinde a las familias la verdad que tanto anhelan.
