La reciente presentación de un informe por parte de la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela ha puesto de manifiesto un alarmante repunte en la represión política en el país, especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Este informe, que se presentó en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos, aporta nueva evidencia sobre la dura represión que han enfrentado los ciudadanos venezolanos en el último año, destacando que el crimen de persecución por razones políticas sigue siendo una constante en la nación sudamericana.
La presidenta de la Comisión, Marta Valiñas, enfatizó que no existe una autoridad nacional capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de derechos humanos que se han documentado. Esto ha llevado a que la única esperanza de justicia para las víctimas recaiga en la comunidad internacional. A lo largo de los años, la Comisión ha recopilado evidencia que indica que el Estado venezolano, a través de sus fuerzas de seguridad y el aparato gubernamental, ha cometido crímenes de lesa humanidad.
En el informe se detalla que, de las 25 muertes relacionadas con la represión postelectoral, se han podido examinar y documentar 14 casos, de los cuales 12 involucraron a fuerzas de seguridad. Un caso particularmente impactante ocurrió en Maracay, estado Aragua, donde miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99ª Brigada del Ejército dispararon munición real contra manifestantes, resultando en la muerte de seis personas. Uno de los fallecidos recibió un disparo a menos de diez metros de distancia, lo que subraya la brutalidad de la represión.
A pesar de la gravedad de estos hechos, la Fiscalía venezolana no ha proporcionado información sobre las investigaciones que supuestamente ha llevado a cabo. Desde el inicio, esta entidad ha sostenido que los cuerpos de seguridad no tienen responsabilidad en las muertes, acusando en cambio a la oposición. Sin embargo, la investigación de la ONU ha revelado lo contrario, dejando a todas las muertes en un estado de impunidad.
El embajador venezolano ante la ONU, Alexander Yañez, respondió a las acusaciones de la Comisión, acusando a sus miembros de ser agentes que buscan un cambio de régimen en Venezuela. Yañez criticó la metodología de los informes, alegando que citan fuentes dudosas y utilizan testimonios inventados. Además, cuestionó los recursos que la ONU destina a esta misión investigadora, en contraste con la falta de acción frente a otras crisis internacionales, como la situación en Gaza.
A pesar de las críticas, el informe de la ONU destaca la necesidad urgente de atención internacional hacia la situación de los derechos humanos en Venezuela. La represión política no solo afecta a quienes se manifiestan, sino que también crea un ambiente de miedo y control que limita las libertades fundamentales de todos los ciudadanos. La comunidad internacional se enfrenta al desafío de actuar ante esta crisis, ya que la falta de respuesta podría perpetuar un ciclo de violencia y violaciones de derechos humanos en el país.
La situación en Venezuela es un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la acción internacional en la defensa de los derechos humanos. La ONU, a través de su Comisión de Determinación de los Hechos, continúa desempeñando un papel crucial en la documentación de abusos y en la búsqueda de justicia para las víctimas. Sin embargo, la efectividad de estas acciones depende en gran medida de la voluntad política de los estados miembros para actuar y presionar al régimen venezolano a rendir cuentas por sus acciones.
En este contexto, es vital que la comunidad internacional mantenga el foco en Venezuela y apoye a las organizaciones de derechos humanos que trabajan en el terreno. La solidaridad con las víctimas de la represión y el apoyo a los defensores de derechos humanos son pasos esenciales para fomentar un cambio positivo en el país. La lucha por la justicia y la dignidad en Venezuela es una causa que debe ser respaldada por todos aquellos que creen en un mundo donde los derechos humanos sean respetados y protegidos.
