La reciente decisión unánime de la Corte Suprema de Estados Unidos ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad de los fabricantes de armas en la violencia que afecta a México. Alejandro Celorio, ex consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, quien lideró el equipo que presentó la demanda en 2021, ha expresado su descontento con el fallo que bloqueó el litigio. Este artículo explora las implicaciones de esta decisión y las posibles vías para futuras acciones legales.
### Contexto de la Demanda
La demanda presentada por México contra ocho fabricantes de armas en Estados Unidos se fundamenta en la premisa de que estas empresas han contribuido a la crisis de violencia en el país al facilitar el tráfico de armas hacia México. La Corte Suprema, sin embargo, argumentó que la demanda no establece de manera convincente que los fabricantes de armas hayan instigado las ventas ilegales a los traficantes mexicanos. Esta interpretación ha sido criticada por Celorio, quien considera que la decisión representa una defensa de la industria armamentística y un obstáculo para la justicia.
Uno de los puntos más críticos que Celorio ha señalado es la falta de información pública sobre la trazabilidad de las armas. Sin datos accesibles que vinculen a los fabricantes con los delitos cometidos en México, se vuelve extremadamente difícil probar la responsabilidad de estas empresas en el daño causado. Esta situación resalta la necesidad de una mayor transparencia en la industria armamentística, lo que podría facilitar futuras demandas y cambiar la dinámica del debate sobre la violencia armada.
### La Necesidad de Transparencia en la Trazabilidad de Armas
La trazabilidad de las armas es un tema crucial en la discusión sobre la violencia en México. Actualmente, la información sobre el recorrido de un arma, desde su fabricación hasta su uso en un crimen, no es pública. Esto crea un vacío que impide a las autoridades y a la sociedad civil establecer conexiones claras entre los fabricantes y los actos de violencia. Celorio ha enfatizado que hacer pública esta información podría cambiar la conversación sobre la responsabilidad de la industria armamentística y aumentar el costo político para la Corte Suprema al tomar decisiones que favorezcan a estas empresas.
Además, el ex consultor ha instado a la sociedad civil y a las autoridades a presionar por la publicación de datos de trazabilidad y a exigir al gobierno de Estados Unidos que convoque a la industria armamentística a establecer mecanismos de control más estrictos sobre la venta de armas. La falta de regulación y supervisión en este ámbito ha permitido que el tráfico de armas florezca, alimentando la violencia en México.
La Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLACA) en Estados Unidos otorga una inmunidad casi total a los fabricantes de armas, lo que complica aún más la posibilidad de que las víctimas de la violencia armada puedan buscar justicia. Celorio ha subrayado la importancia de seguir presionando al Congreso estadounidense para que revise y modifique esta ley, permitiendo así que las víctimas y sus familias tengan una vía legal para buscar reparaciones.
### Oportunidades para Futuras Demandas
A pesar de lo que muchos podrían considerar una derrota, Celorio ha señalado que el fallo de la Corte Suprema también abre la puerta a futuras demandas. La decisión establece un precedente que requiere que las demandas demuestren una participación activa de las empresas en la producción del daño. Esto significa que, aunque la Corte no haya permitido que la demanda actual avance, el camino está abierto para que se presenten nuevas querellas que puedan cumplir con los requisitos establecidos.
El ex consultor ha instado a la sociedad civil a mantenerse alerta y a continuar la lucha por la justicia en este ámbito. La presión pública y el activismo son esenciales para cambiar la narrativa y exigir responsabilidad a los fabricantes de armas. La participación de la sociedad civil puede ser un factor determinante en la creación de un entorno donde las empresas no puedan operar con impunidad.
La situación actual también plantea un desafío para el gobierno mexicano, que debe encontrar formas de abordar la violencia armada sin depender de la industria armamentística. Celorio ha reiterado que la solución no radica en aumentar el número de armas, sino en romper la cadena del tráfico y establecer políticas más efectivas que aborden las raíces del problema.
En resumen, el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. ha generado un debate crucial sobre la responsabilidad de los fabricantes de armas en la violencia en México. La falta de trazabilidad y la inmunidad legal de la industria son obstáculos significativos, pero también se presentan oportunidades para futuras acciones legales. La presión de la sociedad civil y la transparencia en la información sobre armas son elementos clave para avanzar en la búsqueda de justicia y seguridad en México.
