La implementación de la inteligencia artificial (IA) en la fiscalización tributaria ha revolucionado la forma en que las administraciones fiscales operan a nivel mundial. En México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha adoptado esta tecnología para mejorar la recaudación y la eficiencia en la supervisión del cumplimiento fiscal. Sin embargo, esta tendencia también plantea importantes desafíos en términos de derechos de los contribuyentes, privacidad y ética. Recientemente, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) ha expresado su preocupación por la necesidad de establecer un marco regulatorio que proteja los derechos de los contribuyentes en este nuevo contexto.
La IA se ha convertido en una herramienta fundamental para el SAT, permitiendo la identificación de inconsistencias en las declaraciones fiscales y optimizando los procesos de auditoría. Durante una conferencia de prensa, Christopher López Gonzáles, presidente de la Comisión Nacional de Jóvenes del IMCP, destacó que más del 70% de las administraciones tributarias en el mundo están utilizando IA para detectar fraudes y evaluar riesgos. Esto ha llevado a un aumento significativo en la recaudación, con cifras récord observadas en 2024 y un crecimiento real del 17.8% en el primer trimestre de 2025.
Sin embargo, el uso de IA en la fiscalización no está exento de riesgos. López Gonzáles mencionó el caso de los Países Bajos, donde la implementación de sistemas como XENON y SyRI fue abandonada debido a violaciones de derechos humanos. Este tipo de experiencias resalta la importancia de establecer regulaciones claras que garanticen la transparencia y la ética en el uso de la IA. La falta de supervisión adecuada puede llevar a abusos y a la vulneración de los derechos de los contribuyentes, lo que podría socavar la confianza en el sistema fiscal.
En este sentido, el IMCP ha instado al SAT a desarrollar esquemas regulatorios más robustos que protejan a los contribuyentes. La transparencia en el uso de la IA es fundamental para asegurar que los procesos de fiscalización sean justos y equitativos. Además, es crucial que los contribuyentes sean informados sobre cómo se utilizan sus datos y qué medidas se están tomando para proteger su privacidad.
La digitalización fiscal en México ha avanzado significativamente en las últimas décadas. Desde la introducción de la facturación electrónica y el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) hasta la implementación del Buzón Tributario, estas herramientas han contribuido a reducir la evasión fiscal y los costos de recaudación. México se ha posicionado como un líder en la digitalización fiscal, ocupando el puesto número 23 en el Índice Internacional de Competitividad Fiscal 2024. Sin embargo, este progreso conlleva una responsabilidad adicional: garantizar que los derechos de los contribuyentes sean protegidos en el proceso.
La IA no solo mejora la eficiencia en la fiscalización, sino que también permite a las administraciones tributarias ofrecer un mejor servicio a los contribuyentes. Por ejemplo, la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos puede ayudar a identificar patrones de comportamiento y a ofrecer asesoramiento personalizado a los contribuyentes. Sin embargo, es esencial que estas prácticas se realicen de manera ética y transparente, evitando cualquier forma de discriminación o sesgo en el tratamiento de los datos.
La colaboración entre el SAT y el IMCP es crucial para abordar estos desafíos. Ambas entidades deben trabajar juntas para desarrollar políticas que no solo fomenten la innovación y la eficiencia en la fiscalización, sino que también protejan los derechos de los contribuyentes. Esto incluye la creación de mecanismos de supervisión que aseguren que el uso de la IA se realice de manera responsable y ética.
A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que la IA juegue un papel aún más importante en la fiscalización tributaria. Por lo tanto, es fundamental que las administraciones fiscales se mantengan actualizadas sobre las mejores prácticas y las lecciones aprendidas de otros países. La experiencia de la Unión Europea, donde países como Italia y Alemania han implementado algoritmos para la fiscalización, puede servir como un modelo a seguir, siempre y cuando se tomen en cuenta las lecciones de aquellos casos donde la implementación falló.
En resumen, la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la fiscalización tributaria en México, pero su implementación debe ir acompañada de un compromiso firme con la ética, la transparencia y la protección de los derechos de los contribuyentes. Solo así se podrá construir un sistema fiscal más justo y eficiente, que beneficie tanto al Estado como a los ciudadanos.
