En México, la situación de los hogares de bajos ingresos es alarmante, especialmente en lo que respecta a la recepción de apoyos gubernamentales. Según datos recientes, más de 10 millones de hogares en esta categoría no están recibiendo programas sociales a través de transferencias monetarias directas. Esta cifra, revelada por la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) del Inegi, pone de manifiesto la necesidad de revisar la efectividad y sostenibilidad de los programas sociales actuales.
La ENIGH indica que, al dividir a la población en deciles según su ingreso, solo 5.5 millones de hogares en los cuatro deciles más bajos reciben apoyos como las Becas Benito Juárez y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Esto significa que hay una gran cantidad de hogares que, a pesar de estar en situaciones de vulnerabilidad, quedan excluidos de estos beneficios. La falta de precisión en la asignación de recursos es un tema que preocupa a muchos analistas y especialistas en políticas públicas.
### La Exclusión de Hogares de Bajos Ingresos
La exclusión de hogares de bajos ingresos de los programas sociales es un problema que ha sido objeto de debate en los últimos años. Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señala que la situación actual es preocupante, ya que los programas sociales no están llegando a quienes más los necesitan. A lo largo de los años, se han implementado programas como Progresa, Oportunidades y Prospera, que, aunque contaban con menos recursos, lograban llegar a un mayor número de hogares en situación de pobreza.
El actual enfoque en las transferencias monetarias directas ha limitado la capacidad del gobierno para abordar de manera integral las necesidades de la población. Gómez Hermosillo destaca que es fundamental crear sistemas de información más precisos que no dependan de intereses electorales, lo que permitiría una mejor focalización de los recursos. Además, es crucial que las transferencias cumplan un propósito social que ayude a romper el ciclo de pobreza intergeneracional.
La falta de acceso a servicios básicos como salud y educación es otro aspecto que se ha visto afectado por la actual política de transferencias. La inversión en estos sectores ha disminuido, lo que ha llevado a un deterioro en la calidad de vida de muchas familias. Los datos recientes indican que la tasa de población sin acceso a servicios de salud ha aumentado drásticamente, pasando del 18.8% en 2018 al 44.5% en 2024. Esto refleja un retroceso en las políticas públicas que deberían garantizar el bienestar de la población.
### La Necesidad de Reformas Estructurales
La situación actual de los programas sociales en México plantea la necesidad de una reforma fiscal progresiva que grave a quienes más tienen. Esto permitiría destinar más recursos a mejorar las carencias en salud y educación, al mismo tiempo que se siguen financiando las transferencias sociales. Sin embargo, las finanzas públicas están llegando a un límite, lo que complica aún más la situación.
Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, menciona que el cambio en la política social ha llevado a una concentración en las transferencias monetarias a grupos específicos, lo que ha dejado de lado a otros sectores que también requieren atención. Este enfoque ha generado un deterioro en las capacidades del gobierno para atender las necesidades de la población.
La falta de inversión en infraestructura social y urbana también es un tema crítico. Esta inversión es esencial para mejorar las capacidades territoriales y, por ende, el nivel de vida de la población. Sin un enfoque integral que contemple tanto las transferencias monetarias como la inversión en servicios básicos, es difícil lograr un avance significativo en la reducción de la pobreza.
En resumen, la situación de los hogares de bajos ingresos en México es un reflejo de las deficiencias en la asignación de recursos para programas sociales. La exclusión de millones de hogares vulnerables y el deterioro en servicios básicos como salud y educación son señales de que es necesario replantear la estrategia actual. La implementación de reformas fiscales y la creación de sistemas de información más precisos son pasos fundamentales para garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan y para mejorar la calidad de vida de la población en general.
