El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2026 ha suscitado un intenso debate entre especialistas y autoridades, quienes han expresado su preocupación por la falta de recursos destinados a áreas críticas como la búsqueda de personas desaparecidas, la lucha contra la corrupción y la reinserción social. Durante un foro de parlamento abierto organizado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se destacó la necesidad urgente de una «reingeniería a fondo» en el PEF para abordar estas problemáticas que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Uno de los puntos más alarmantes discutidos en el foro fue la insuficiencia de recursos asignados a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Según los participantes, el PEF 2026 destina apenas un millón 214 mil pesos a esta comisión, una cifra que contrasta drásticamente con los 23 mil 493 millones de pesos que se asignan a la Guardia Nacional. Esta disparidad en la asignación de recursos plantea serias dudas sobre la prioridad que se le da a la búsqueda de personas desaparecidas en comparación con otras áreas de seguridad.
Emanuel Jiménez García, representante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), subrayó que el personal forense en el país es escaso, con solo 15 mil peritos disponibles para atender más de 72 mil cuerpos que permanecen sin identificar en las morgues. Esta situación no solo refleja una falta de recursos, sino también una grave crisis humanitaria que requiere atención inmediata. Jiménez García enfatizó que es crucial que el PEF 2026 no reduzca los subsidios a la CNB, ya que estos son fundamentales para el funcionamiento de las comisiones locales de búsqueda.
La presidenta de la asociación civil Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros, Virginia Garay, también hizo eco de estas preocupaciones, señalando que el número de cuerpos sin identificar ha aumentado un 5.3% de 2023 a 2024. Este incremento es un claro indicativo de la ineficacia en los esfuerzos de búsqueda y la falta de recursos necesarios para abordar esta crisis. La reducción del 0.7% en los fondos de subsidios para las comisiones locales de búsqueda es otro aspecto que podría comprometer la localización de las víctimas, lo que resulta inaceptable en un país donde la desaparición de personas es un problema tan grave.
### La Lucha Contra la Corrupción y la Transparencia en Riesgo
Otro tema crítico que se abordó en el foro fue la lucha contra la corrupción y la transparencia en el gobierno. Anaid García Tobón, experta en temas de gobierno y asuntos públicos, advirtió que el PEF 2026 no garantiza los recursos necesarios para combatir la corrupción. De hecho, cinco de las seis instituciones gubernamentales encargadas de esta tarea sufrirán recortes significativos en sus presupuestos. La única excepción sería un aumento debido a la fusión entre el Órgano de Administración Judicial y la agencia que investiga delitos internos.
Particularmente preocupante es la situación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que enfrentará una caída presupuestal del 2.1% en el próximo año. Esta reducción compromete gravemente su capacidad para investigar a los servidores públicos que pudieran estar involucrados en irregularidades. La falta de recursos en este ámbito no solo afecta la capacidad de las instituciones para llevar a cabo investigaciones efectivas, sino que también envía un mensaje desalentador sobre el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas.
La nueva política gubernamental de transparencia y acceso a la información, que se implementará a través del organismo Transparencia para el Pueblo, también se verá afectada por la falta de recursos. Este organismo recibirá solo 25 millones de pesos para llevar a cabo su labor, en comparación con los mil millones de pesos anuales que promediaba el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esta reducción del 98% en los recursos destinados a la transparencia es alarmante y plantea serias dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar el acceso a la información pública.
La situación actual del PEF 2026 refleja una tendencia preocupante en la asignación de recursos a áreas que son fundamentales para el bienestar de la sociedad. La falta de atención a la búsqueda de personas desaparecidas, la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia no solo afecta a las instituciones encargadas de estas tareas, sino que también impacta directamente a las comunidades que dependen de estos servicios. La reingeniería del PEF es, por lo tanto, una necesidad urgente que debe ser abordada con seriedad y compromiso por parte de las autoridades.
En este contexto, es esencial que la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos en general se involucren en el proceso de discusión y revisión del PEF. La presión social puede ser un motor poderoso para exigir cambios y garantizar que se asignen los recursos necesarios a las áreas que realmente importan. La lucha por un presupuesto más justo y equitativo es una responsabilidad compartida que debe ser asumida por todos los sectores de la sociedad.
La situación del PEF 2026 es un reflejo de las prioridades del gobierno y de la forma en que se abordan los problemas más apremiantes del país. La falta de recursos para la búsqueda de personas desaparecidas, la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia son temas que no pueden ser ignorados. Es fundamental que se realicen los ajustes necesarios para garantizar que el presupuesto responda a las necesidades de la población y que se prioricen las áreas que requieren atención urgente. Solo así se podrá avanzar hacia un país más justo y equitativo, donde se respeten los derechos de todos los ciudadanos.
