La situación económica en México se ha vuelto crítica, con un alarmante 64.3% de la población nacional, equivalente a 83.9 millones de personas, enfrentando la dura realidad de no contar con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Este dato, revelado por el grupo de investigación México, ¿cómo vamos?, se basa en información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La cifra refleja un panorama desolador, donde la mayoría de los mexicanos no solo luchan por alimentarse, sino que también enfrentan dificultades para acceder a servicios esenciales como vivienda, educación y transporte.
El costo de la canasta básica, que incluye alimentos y otros servicios prioritarios, alcanzó los 9,360 pesos mensuales en marzo, lo que pone de manifiesto la brecha entre los ingresos y las necesidades de la población. En estados como Chiapas y Oaxaca, más del 80% de la población no puede cubrir sus necesidades básicas, lo que significa que solo dos de cada diez personas en estas regiones tienen la capacidad de ahorrar o consumir más allá de lo estrictamente necesario. En contraste, entidades como Baja California Sur, Baja California y Chihuahua presentan un panorama más favorable, donde más del 60% de la población puede gastar por encima de sus necesidades básicas.
La precariedad salarial es un factor determinante en esta crisis. A pesar de que el salario mínimo en México se ha triplicado desde 2018, pasando de 2,651 a 8,368 pesos mensuales, aún se encuentra un 10.6% por debajo del costo de las canastas básicas. Esta situación ha llevado a que 32.9 millones de trabajadores no puedan superar el umbral de pobreza, lo que plantea serias preguntas sobre la efectividad de las políticas salariales implementadas en el país. La meta del gobierno, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es llevar el salario mínimo a dos canastas básicas al final de su administración, pero muchos expertos consideran que esta meta es insuficiente para abordar la crisis actual.
La historia de la contención salarial en México se remonta a más de 40 años, cuando se implementaron políticas que buscaban frenar la inflación y atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, estas medidas han tenido un efecto adverso en el poder adquisitivo de los trabajadores, quienes no han visto reflejadas las mejoras en productividad en sus salarios. Rogelio Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana contra la Pobreza, señala que la desvalorización de los salarios, especialmente en sectores operativos como limpieza y seguridad, ha creado una inercia difícil de romper. A pesar de los esfuerzos por recuperar el salario mínimo, la realidad es que muchos trabajadores siguen luchando para llegar a fin de mes.
La situación se complica aún más cuando se considera la dependencia de la economía mexicana de las exportaciones hacia Estados Unidos. La falta de poder adquisitivo en el mercado interno limita el crecimiento económico, ya que los consumidores no pueden gastar lo suficiente para impulsar la demanda. Esto crea un ciclo vicioso donde los bajos salarios perpetúan la pobreza y limitan el desarrollo económico del país. Hermosillo argumenta que para que la economía crezca, es fundamental mejorar los salarios, lo que a su vez podría generar un aumento en el consumo y, por ende, en la producción.
A pesar de los desafíos, hay indicios de que se están realizando esfuerzos para abordar la crisis salarial. La regulación anual para el incremento del salario mínimo es un paso en la dirección correcta, pero muchos expertos, como Axel González, advierten que la pobreza laboral podría continuar siendo un problema persistente debido al estancamiento económico que enfrenta el país. La falta de aumentos en los salarios de los mandos gubernamentales y la decisión de no llenar vacantes en direcciones clave también reflejan un enfoque cauteloso por parte del gobierno en un contexto económico incierto.
La situación actual en México es un llamado urgente a la acción. La necesidad de un cambio en el modelo económico es evidente, y las voces que abogan por un ingreso digno y salarios justos se vuelven cada vez más fuertes. La implementación de políticas que prioricen el bienestar de los trabajadores y su capacidad para acceder a una vida digna es esencial para romper el ciclo de pobreza y construir un futuro más próspero para todos los mexicanos. La crisis salarial no solo afecta a los individuos y sus familias, sino que también tiene repercusiones en la economía en su conjunto, lo que hace que la solución a este problema sea una prioridad nacional.
