La reciente elección del cardenal Robert Francis Prevost como Papa León XIV ha desatado una serie de controversias en torno a su gestión anterior en la Diócesis de Chiclayo, Perú. Sobrevivientes de abuso sexual han presentado denuncias que lo acusan de encubrir casos de abuso durante su mandato, lo que ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de la Iglesia en la protección de las víctimas y la transparencia en la gestión de estos casos.
### Denuncias de Sobrevivientes de Abuso Sexual
Ana María Quispe y sus dos hermanas han sido las voces que han llevado estas acusaciones al público, afirmando que fueron víctimas de abuso por parte de sacerdotes de la diócesis. Según las denuncias, Prevost no tomó medidas adecuadas cuando se le presentaron las quejas en 2022, a pesar de que las acusaciones de abuso se remontan a 2007. Las hermanas Quispe han declarado que no solo se sintieron ignoradas, sino que también sostienen que no hubo una investigación seria sobre sus denuncias.
El caso ha cobrado notoriedad desde que Ana María Quispe decidió hacer públicas sus experiencias en diciembre de 2023. A pesar de que la diócesis ha defendido la gestión de Prevost, alegando que se realizaron investigaciones iniciales, las denunciantes han refutado estas afirmaciones, indicando que no fueron citadas para declarar y que no existe evidencia de una investigación formal. Esta falta de acción ha llevado a la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP) a presentar una denuncia formal en el Vaticano contra Prevost, lo que ha intensificado la presión sobre la Iglesia para abordar estas acusaciones de manera efectiva.
### La Gestión de Prevost y su Rol en el Vaticano
Prevost, quien antes de ser nombrado Papa era el prefecto del Dicasterio para los Obispos, tenía la responsabilidad de supervisar las denuncias e investigaciones sobre negligencia episcopal en todo el mundo. Las acusaciones en su contra son especialmente significativas, ya que su cargo le otorgaba una posición de poder en la gestión de casos de abuso sexual dentro de la Iglesia. Las denuncias de encubrimiento han planteado serias preguntas sobre su idoneidad para liderar la Iglesia Católica en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca.
La denuncia presentada por SNAP sostiene que Prevost permitió que sacerdotes acusados de abuso permanecieran en ministerios cercanos a menores sin informar a las autoridades civiles. Esto incluye el caso del sacerdote James Ray, quien, según un informe del Fiscal General de Illinois, tiene múltiples denuncias de abuso sexual infantil. A pesar de su historial, Prevost permitió que Ray residiera cerca de una escuela católica, lo que ha generado una indignación considerable entre los defensores de las víctimas.
La diócesis de Chiclayo ha insistido en que se tomaron medidas cautelares, como la suspensión de los sacerdotes denunciados, pero las hermanas Quispe han desmentido esta afirmación, argumentando que no hubo un proceso adecuado para investigar sus denuncias. La falta de acción por parte de Prevost y su equipo ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de las políticas de la Iglesia en la protección de los menores y la atención a las víctimas de abuso.
La situación se complica aún más por el hecho de que Prevost ha sido nombrado Papa en un contexto donde la Iglesia Católica enfrenta un escrutinio global por su manejo de los casos de abuso sexual. La elección de un Papa que ha sido acusado de encubrimiento plantea serias dudas sobre la dirección que tomará la Iglesia en el futuro y su compromiso con la justicia para las víctimas.
A medida que las acusaciones continúan surgiendo, la comunidad católica y el mundo en general observan con atención cómo el nuevo Papa León XIV abordará estas preocupaciones. La presión para que se tomen medidas concretas y se garantice la protección de los menores es más fuerte que nunca, y muchos esperan que la nueva administración papal sea un cambio de rumbo en la forma en que la Iglesia maneja estos delicados asuntos. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la confianza en la institución y asegurar que las voces de las víctimas sean escuchadas y atendidas adecuadamente.
