La situación de la seguridad privada en México se ha convertido en un tema crítico que requiere atención inmediata. Con más de 10 mil empresas de seguridad informales operando en el país, la falta de regulación y supervisión ha generado un vacío legal que pone en riesgo tanto a los trabajadores como a la ciudadanía en general. La creciente preocupación por la proliferación de estas empresas irregulares ha llevado al Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) a hacer un llamado urgente para la creación de una ley general que regule este sector.
**El Peligro de las Empresas Irregulares**
El CNSP, que agrupa a más de 250 empresas de seguridad formal, ha señalado que la falta de un marco normativo claro ha permitido que más de 500 mil guardias de seguridad, tanto legales como ilegales, operen sin la debida supervisión. Raúl Sapién Santos, presidente del CNSP, advierte que estas empresas informales no solo incumplen con las normativas laborales, sino que también representan un riesgo significativo al contratar personal sin la capacitación adecuada y, en algunos casos, armamento que debería ser exclusivo del Ejército. La situación se agrava al considerar que estas empresas pueden estar vinculadas al crimen organizado, lo que aumenta la urgencia de establecer una regulación efectiva.
La ausencia de una ley general de seguridad privada ha permitido que las empresas informales evadan sus responsabilidades fiscales y laborales. Mientras que las compañías que operan de manera legal enfrentan una carga tributaria y regulatoria excesiva, las irregulares continúan operando sin restricciones, lo que crea una competencia desleal que perjudica a los empresarios que cumplen con la ley. Este escenario ha llevado a muchos empresarios a recurrir a los tribunales para defenderse de sanciones que consideran injustas y desproporcionadas.
**Desigualdad en la Regulación y la Fiscalización**
La falta de un registro nacional único de prestadores de servicios de seguridad privada ha generado un entorno de corrupción y oportunismo. Las empresas formales son más propensas a ser sancionadas por incumplimientos menores, mientras que las irregulares operan sin temor a represalias. Sapién Santos destaca que la divergencia de leyes entre los estados y la falta de simetría jurídica han creado un caldo de cultivo para la corrupción, donde las empresas que cumplen con la ley son penalizadas más severamente que aquellas que operan en la ilegalidad.
El CNSP ha denunciado que, a pesar de que los tribunales administrativos han proporcionado cierta certeza jurídica, la carga de los procesos es abrumadora. Muchos empresarios se ven obligados a presentar múltiples juicios debido a la excesiva regulación y a la ineficiencia de las plataformas digitales utilizadas para la notificación de obligaciones. Esto no solo afecta la operación de las empresas formales, sino que también crea un ambiente de incertidumbre que desincentiva la inversión en el sector.
Además, la situación se complica aún más con la intervención de policías auxiliares y complementarias que, aunque no deberían ser consideradas como entidades de seguridad privada, a menudo actúan como tales. Estas fuerzas pueden competir deslealmente con las empresas formales, ya que no están sujetas a las mismas cargas administrativas y tributarias. Esto crea un entorno donde las empresas que cumplen con la ley se ven en desventaja frente a aquellas que operan al margen de la legalidad.
**Propuestas para una Nueva Ley de Seguridad Privada**
Ante esta problemática, el CNSP ha propuesto la creación de una nueva ley que establezca un permiso y autorización únicos para las empresas de seguridad privada. Esta legislación no solo buscaría regular el sector, sino también dotar de herramientas a los cuerpos de seguridad pública para colaborar con las empresas formales en la prevención del delito. La propuesta incluye la necesidad de que las empresas informen sobre a quiénes prestan sus servicios, así como la venta de vehículos blindados, para asegurar que estas actividades contribuyan a la seguridad pública.
La urgencia de esta legislación se hace evidente al considerar que la actual normativa en materia de seguridad privada tiene más de 18 años y no ha sido actualizada para reflejar las realidades del mercado actual. La falta de acción por parte del Congreso ha dejado a las empresas formales en una situación precaria, donde deben lidiar con una sobrecarga regulatoria que no solo afecta su viabilidad económica, sino que también pone en riesgo la seguridad de la población.
El CNSP confía en que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atienda esta problemática y se muestre sensible a las necesidades del sector. La creación de un marco regulatorio claro y efectivo es fundamental para garantizar la legalidad, eficiencia y profesionalismo en la prestación de servicios de seguridad privada, así como para proteger los derechos laborales de los trabajadores en este sector. La situación actual no solo afecta a las empresas, sino que también tiene un impacto directo en la seguridad y bienestar de la sociedad en su conjunto.
