En un acto de descontento y exigencia de justicia, jueces y magistrados cesados del Poder Judicial de México llevaron a cabo una marcha en la Ciudad de México el 12 de noviembre de 2025. La movilización, que comenzó en la intersección de las avenidas Revolución e Insurgentes, tuvo como objetivo principal exigir el pago de indemnizaciones que consideran justas, conforme a lo estipulado en el artículo décimo transitorio de la reciente reforma judicial. La marcha se inició a las 10 de la mañana frente a las oficinas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), también conocido como la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde allí, los manifestantes se dirigieron hacia el edificio que alberga al Tribunal de Disciplina Judicial, donde se estaba llevando a cabo una sesión del pleno del OAJ.
Los participantes en la marcha expresaron su preocupación por la falta de claridad respecto al monto de las indemnizaciones que se les adeudan. Aunque se les notificó que el pago se realizaría el 10 de diciembre, muchos de ellos temen que la cantidad se calcule utilizando el salario base, en lugar del salario integrado que incluye diversas prestaciones. Esta incertidumbre ha generado un ambiente de desconfianza y ansiedad entre los jueces y magistrados, quienes consideran que su situación es injusta, dado que fueron cesados para dejar vacantes 881 cargos que fueron electos el 1 de junio pasado.
La protesta no solo se centró en la exigencia de indemnización, sino que también abordó temas de seguridad. Los manifestantes señalaron que se les ha informado que deberán cobrar su indemnización en persona y con un testigo, lo que representa un riesgo significativo para su integridad personal. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar la seguridad pública en la ciudad, especialmente en un contexto donde la delincuencia es una preocupación constante.
A medida que la marcha avanzaba, los jueces y magistrados hicieron sentir su voz con consignas como «Servimos a la nación, exigimos indemnización» y «La ley no es a tu gusto, exigimos pago justo». La protesta culminó en el edificio del Tribunal de Disciplina Judicial, donde, al no ser recibidos por las autoridades competentes, decidieron bloquear ambos sentidos de la avenida Insurgentes. Esta acción provocó un caos vial significativo en la zona, además de que se cerró el servicio de la línea 1 del Metrobús, que va desde Villa Olímpica hasta Altavista.
La movilización de los jueces y magistrados cesados es un reflejo de la creciente tensión entre el Poder Judicial y el gobierno, especialmente en el contexto de la reforma judicial que ha generado controversia y debate en el país. La falta de claridad en los procesos de indemnización y la percepción de inseguridad han llevado a estos profesionales a tomar medidas drásticas para hacerse escuchar.
La reforma judicial, que ha sido objeto de críticas y análisis, busca modernizar el sistema de justicia en México, pero también ha generado incertidumbre entre aquellos que han sido afectados por sus disposiciones. La marcha de los jueces y magistrados es un recordatorio de que el camino hacia una justicia efectiva y transparente aún enfrenta numerosos obstáculos.
La situación actual plantea preguntas importantes sobre la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, así como sobre la protección de los derechos de los trabajadores del sector público. La movilización de los jueces y magistrados cesados es un llamado a la reflexión sobre la necesidad de garantizar un sistema de justicia que no solo sea eficiente, sino también justo y equitativo para todos sus actores.
A medida que la protesta continúa, los jueces y magistrados han dejado claro que no se moverán hasta que se les brinden respuestas claras y satisfactorias sobre sus indemnizaciones. Este tipo de movilizaciones no solo pone de manifiesto la lucha por los derechos laborales, sino que también resalta la importancia de la independencia del Poder Judicial en un país donde la justicia es un pilar fundamental para la democracia.
La situación en la Ciudad de México es un microcosmos de los desafíos más amplios que enfrenta el sistema judicial en México. La falta de recursos, la inseguridad y la incertidumbre sobre las reformas han llevado a muchos a cuestionar la viabilidad del sistema judicial actual. La marcha de los jueces y magistrados cesados es un recordatorio de que la lucha por la justicia y la equidad es un proceso continuo que requiere la atención y el compromiso de todos los sectores de la sociedad.
En este contexto, es esencial que las autoridades escuchen las demandas de los jueces y magistrados y trabajen para garantizar que se respeten sus derechos. La transparencia en los procesos de indemnización y la seguridad de los trabajadores del sector judicial son cuestiones que deben ser abordadas con urgencia para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. La marcha de los jueces y magistrados cesados es un llamado a la acción para todos aquellos que creen en la justicia y en la importancia de un sistema judicial fuerte y autónomo.
