La reciente presentación del proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026 ha generado un amplio debate en el ámbito político y social de México. Este proyecto, que mantiene un monto total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, incluye la eliminación de prerrogativas salariales y prestaciones extraordinarias para los miembros del Poder Judicial, lo que marca un cambio significativo en la forma en que se financia este poder del Estado. A continuación, se explorarán los detalles más relevantes de este proyecto y sus implicaciones para el futuro del sistema judicial mexicano.
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados ha comenzado a circular el proyecto, que será discutido y votado en una sesión programada para el próximo lunes. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, este documento no especifica de qué dependencias se obtendrán los recursos necesarios para financiar las reasignaciones al PEF, que se estiman entre 17 mil y 18 mil millones de pesos. Esta falta de claridad sugiere que las negociaciones entre los diferentes grupos parlamentarios aún están en curso, lo que podría dar lugar a cambios en el proyecto a través de reservas o adendas durante la discusión.
### Impacto en el Poder Judicial y Organismos Autónomos
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de presupuesto es la eliminación de las prerrogativas salariales y prestaciones extraordinarias para los ministros de la Suprema Corte, magistrados y otros integrantes del Poder Judicial de la Federación. Este recorte se enmarca en un contexto de austeridad fiscal y busca reducir el gasto público en áreas que, según el gobierno, no son prioritarias. Sin embargo, esta decisión ha suscitado críticas por parte de diversos sectores que consideran que podría afectar la independencia y la eficacia del sistema judicial.
Además, el proyecto de presupuesto refleja un recorte real del 3.4 por ciento en los presupuestos del Poder Legislativo. En los anexos del dictamen, que desglosan el gasto por ramos administrativos, autónomos y generales, no se registran modificaciones significativas en las asignaciones a programas sociales prioritarios. Por ejemplo, se mantienen las asignaciones de 674 mil 510 millones de pesos al Ramo 20 Bienestar, 513 mil 15 millones al Ramo 11 Educación Pública, 66 mil 825 millones al Ramo 12 Salud y 172 mil 492 millones al Ramo 56 IMSS-Bienestar.
Sin embargo, los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), enfrentarán recortes importantes. El INE, por ejemplo, tendría un recorte del 18.3 por ciento, mientras que el INEGI vería disminuido su presupuesto en un 6.8 por ciento. Estos recortes han generado preocupación sobre la capacidad de estos organismos para llevar a cabo sus funciones esenciales, especialmente en un contexto electoral y de recolección de datos cruciales para la toma de decisiones.
### Reacciones y Perspectivas
La propuesta de presupuesto ha generado reacciones mixtas entre los legisladores y la sociedad civil. Algunos argumentan que la eliminación de prerrogativas para el Poder Judicial es un paso necesario hacia la austeridad y la transparencia en el gasto público. Sin embargo, otros advierten que esta medida podría socavar la independencia judicial y poner en riesgo la imparcialidad de las decisiones judiciales.
Por otro lado, los recortes a los organismos autónomos han sido criticados por su potencial impacto en la democracia y la rendición de cuentas. La reducción del presupuesto del INE, en particular, ha sido vista como un intento de debilitar la supervisión electoral en un año en el que se llevarán a cabo elecciones importantes. La falta de recursos podría limitar la capacidad del INE para garantizar un proceso electoral justo y transparente.
A medida que se acerca la fecha de discusión y votación del dictamen en la Cámara de Diputados, se espera que los grupos parlamentarios intensifiquen sus negociaciones. Es probable que se presenten reservas y modificaciones al proyecto original, lo que podría alterar significativamente la distribución del presupuesto y las asignaciones a diferentes sectores.
En este contexto, es fundamental que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil mantengan un seguimiento cercano de las discusiones en el Congreso. La transparencia en el proceso presupuestario y la rendición de cuentas son esenciales para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva y en beneficio de la población. La participación activa de la sociedad civil en este proceso puede contribuir a una mayor vigilancia y presión sobre los legisladores para que actúen en el mejor interés del país.
El proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 representa un momento crucial para el futuro del sistema judicial y la estructura del gasto público en México. Las decisiones que se tomen en los próximos días tendrán un impacto duradero en la forma en que se financian y operan tanto el Poder Judicial como los organismos autónomos, y es vital que se aborden con seriedad y responsabilidad.
