La gestión del agua en México ha sido un tema de debate constante, especialmente en el contexto de las recientes iniciativas legislativas que buscan reformar la Ley General de Aguas (LGA) y la Ley de Aguas Nacionales (LAN). A pesar de las promesas de cambio y mejora en la administración del recurso hídrico, muchos expertos y organizaciones sociales advierten que estas propuestas mantienen un enfoque neoliberal que podría perpetuar la privatización del agua en el país. En este artículo, exploraremos los detalles de estas iniciativas y las implicaciones que podrían tener para la gestión del agua en México.
### La Privatización del Agua: Un Riesgo Latente
Desde la implementación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992, el acceso y la gestión del agua en México han estado marcados por un enfoque que favorece la privatización. Las nuevas iniciativas legislativas, aunque no establecen obligaciones explícitas para privatizar, mantienen disposiciones que permiten a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) concesionar obras hidráulicas a empresas privadas. Esto ha generado preocupación entre especialistas y activistas, quienes argumentan que la privatización del agua ha llevado a un acaparamiento del recurso por parte de unos pocos grupos económicos.
Miguel Ángel Montoya, un asesor parlamentario con casi dos décadas de experiencia en gestión del agua, ha señalado que las propuestas actuales son similares a las fallidas Ley Korenfeld y Ley Pichardo, que buscaban privatizar en gran medida la infraestructura hídrica y los servicios de agua y saneamiento. Aunque las nuevas propuestas no mencionan explícitamente la privatización, el marco legal que se está proponiendo podría facilitar que empresas privadas asuman el control de infraestructuras estratégicas, como el Sistema Cutzamala.
Además, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, que agrupa a más de 80 organizaciones, ha expresado su preocupación por el hecho de que la reforma a la LAN no aborda el problema del sobreconcesionamiento ni reconoce los derechos al agua de comunidades indígenas y pequeños agricultores. La falta de mecanismos claros para garantizar el acceso equitativo al agua podría perpetuar las desigualdades existentes y poner en riesgo la seguridad hídrica de muchas comunidades.
### La Falta de Transparencia y Control
Otro aspecto crítico de las nuevas iniciativas es la eliminación de la Contraloría Interna en el proceso de concesiones de agua. La derogación del Artículo 11 Bis de la reforma a la LAN implica que no se establecerá un Órgano Interno de Control Especializado que asegure la legalidad en los procedimientos de responsabilidad administrativa. Esto plantea serias dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del agua, lo que podría dar lugar a prácticas corruptas y a un manejo ineficiente de los recursos.
El director de Conagua, Efraín Morales, ha reconocido que la «cuota de garantía», que permite a los concesionarios mantener sus volúmenes de concesión sin utilizarlos, ha sido un mecanismo que ha fomentado la especulación y el acaparamiento del agua. Sin embargo, la reforma propuesta amplía este periodo de dos a seis años, lo que podría agravar aún más la situación al permitir que los concesionarios mantengan el control sobre grandes volúmenes de agua sin la obligación de utilizarlos de manera responsable.
Además, la reforma a la LAN plantea la eliminación del carácter público del Registro Público de Derechos de Agua, lo que limitaría la transparencia en la concesión de derechos de agua y podría favorecer a los grandes concesionarios en detrimento de los pequeños usuarios y comunidades. La falta de un registro accesible y transparente podría dificultar el seguimiento y la supervisión del uso del agua, lo que es fundamental para garantizar un acceso equitativo y sostenible al recurso.
### La Resistencia de la Sociedad Civil
Frente a estas preocupaciones, la sociedad civil ha comenzado a movilizarse para exigir cambios significativos en la gestión del agua en México. Organizaciones y colectivos han llevado a cabo campañas de sensibilización y protestas para visibilizar la importancia del agua como un derecho humano y un recurso vital para el desarrollo sostenible. La presión social ha sido un factor clave en la lucha contra la privatización del agua y en la defensa de los derechos de las comunidades afectadas.
La Coordinadora Nacional Agua para Todos ha sido una de las voces más activas en este debate, abogando por un enfoque que priorice el acceso equitativo al agua y la protección de los derechos de las comunidades. A través de la movilización y la presión política, estas organizaciones buscan influir en la legislación y garantizar que las reformas propuestas no perpetúen las desigualdades existentes.
La defensa del agua como un bien común y un derecho humano es fundamental para asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras. La gestión del agua debe estar centrada en las necesidades de las comunidades y en la protección de los ecosistemas, en lugar de estar supeditada a los intereses de unos pocos grupos económicos.
### La Necesidad de un Enfoque Integral
Para abordar de manera efectiva los desafíos que enfrenta la gestión del agua en México, es crucial adoptar un enfoque integral que considere no solo la disponibilidad del recurso, sino también su calidad y la equidad en su distribución. Esto implica la implementación de políticas que promuevan la conservación del agua, la protección de los ecosistemas acuáticos y la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con la gestión hídrica.
La educación y la sensibilización sobre la importancia del agua y su gestión sostenible son también aspectos clave para fomentar una cultura de responsabilidad y cuidado del recurso. Iniciativas que involucren a la sociedad en la conservación y uso responsable del agua pueden contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la disponibilidad del recurso para las futuras generaciones.
En resumen, las nuevas iniciativas legislativas en torno a la gestión del agua en México presentan tanto oportunidades como desafíos. Si bien es fundamental avanzar hacia una gestión más sostenible y equitativa del agua, es igualmente importante garantizar que las reformas no perpetúen las desigualdades existentes ni favorezcan la privatización del recurso. La participación activa de la sociedad civil y un enfoque integral son esenciales para lograr un futuro en el que el agua sea un derecho garantizado para todos.
