La problemática del desperdicio de alimentos en México ha sido un tema recurrente en los últimos años, especialmente tras la promulgación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAyS) hace 18 meses. Esta ley fue diseñada con el objetivo de garantizar el derecho a una alimentación digna y combatir el desperdicio, pero hasta ahora, su implementación ha sido deficiente. En el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, se abordaron temas como economía, justicia social y medio ambiente, pero el desperdicio de alimentos, un problema crítico que afecta a millones de mexicanos, fue notablemente ausente.
El desperdicio alimentario en México se estima entre 20 y 30 millones de toneladas anuales, lo que representa aproximadamente el 35% de la producción total de alimentos en el país. Este fenómeno no solo tiene un impacto económico significativo, con un valor aproximado de 25 mil millones de dólares, sino que también contribuye a la crisis climática, generando 36 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero cada año. A pesar de que más de 28 millones de mexicanos viven en inseguridad alimentaria, toneladas de alimentos como frutas, verduras y lácteos terminan en rellenos sanitarios.
La necesidad de abordar el desperdicio de alimentos como una cuestión de justicia social es urgente. Resignificar el rescate de alimentos no debe ser visto como un acto de filantropía, sino como una estrategia que puede transformar excedentes en nutrición, aliviar la pobreza y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque en otros países como Francia e Italia se han implementado políticas claras para combatir el desperdicio, en México la falta de un enfoque estructurado y de indicadores claros ha dejado este problema en la sombra.
La ausencia de métricas nacionales que permitan identificar en qué puntos de la cadena de suministro se produce el mayor desperdicio es alarmante. Sin datos concretos, es difícil diseñar políticas públicas efectivas o incentivar a la iniciativa privada a participar en la reducción de mermas. Es fundamental que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales asuman un papel activo en la regulación de las cadenas de valor locales y en la gestión de residuos. La iniciativa privada, por su parte, debe superar el miedo a las repercusiones reputacionales y actuar con responsabilidad.
A pesar de que el Informe de Gobierno mencionó la transición energética y otros temas ambientales, la falta de atención al desperdicio de alimentos revela una desconexión preocupante. Este problema no solo afecta a la economía y el medio ambiente, sino que también tiene implicaciones profundas en la cohesión social. Ignorar el desperdicio de alimentos no lo hace desaparecer; simplemente lo invisibiliza y posterga un debate que es necesario abordar.
La pregunta que queda es si México podrá convertir este desafío en una oportunidad para avanzar hacia un modelo de sostenibilidad y competitividad. La implementación efectiva de políticas que aborden el desperdicio de alimentos podría no solo mejorar la seguridad alimentaria, sino también contribuir a la reducción de emisiones y a la creación de un sistema alimentario más justo y equitativo. Es imperativo que el próximo informe de gobierno incluya avances y metas claras en este frente, para que el desperdicio de alimentos deje de ser un tema olvidado y se convierta en una prioridad en la agenda nacional.
